Marco jurídico de la firma electrónica en Bolivia

Resumen de la legalidad de la firma electrónica

Esta guía presenta el régimen de la firma electrónica en Bolivia, incluidas las leyes aplicables, el efecto jurídico, los métodos de firma aceptados, los requisitos de validez, las exclusiones y los usos empresariales prácticos.

Legislación aplicable

Ley n.º 164 de 2011 y Decreto Supremo n.º 1793 de 2013

Situación jurídica

Los documentos y las firmas electrónicas tienen reconocimiento jurídico en Bolivia de acuerdo con la Ley n.º 164 de 2011 y Decreto Supremo n.º 1793 de 2013. Además, el proceso de firma debe respetar las reglas aplicables a cada documento sobre identidad, prueba, entrega, conservación, intervención de testigos, notarización, registro o presentación.

Autoridad reguladora

El marco de supervisión deriva de la Ley n.º 164 de 2011 y Decreto Supremo n.º 1793 de 2013, y de las normas del sector o procedimiento correspondiente. En operaciones reguladas o públicas deben observarse los requisitos técnicos, de verificación de identidad, presentación y conservación publicados por la autoridad que recibe o supervisa la operación.

Reconocimiento jurídico (efecto)

Para determinar el efecto jurídico de una firma electrónica se atiende a la normativa aplicable, especialmente a la Ley n.º 164 de 2011 y Decreto Supremo n.º 1793 de 2013. La valoración considera la intención del firmante, la atribución fiable, la integridad del documento firmado y todas las formalidades exigidas para el documento o la operación.

Tipos aceptados de firmas electrónicas

Debe elegirse el método de firma y el nivel de garantía que la ley exija para el documento y la operación correspondientes. Al implantar el proceso conviene diferenciar:

• una actuación electrónica que deje constancia de la voluntad de firmar, como escribir un nombre o activar un control de aceptación;
• un proceso que incorpore identidad verificada, control exclusivo y pruebas que revelen alteraciones; y
• una firma regulada o basada en certificado, cuando así lo prescriban la ley o la autoridad receptora.

Requisitos jurídicos de las firmas electrónicas

Para que el proceso produzca efectos jurídicos, deben conservarse pruebas de:

• la voluntad de firmar y el consentimiento de las partes para seguir un proceso electrónico;
• la identificación fiable del firmante y la atribución de la firma;
• la integridad del documento firmado y la posibilidad de detectar cambios posteriores;
• la entrega, consulta y reproducción del documento definitivo;
• las marcas de tiempo, los eventos de autenticación y una pista de auditoría íntegra; y
• los certificados, testigos, intervenciones notariales, inscripciones, presentaciones o plazos de conservación exigidos para la operación.

Limitaciones y excepciones

Antes de firmar electrónicamente, debe clasificarse el documento y cumplirse cada formalidad aplicable. Deben examinarse:

• los documentos excluidos de la legislación aplicable sobre operaciones electrónicas;
• los testamentos, los instrumentos de derecho de familia y los documentos sucesorios sometidos a requisitos formales especiales;
• las escrituras, transmisiones inmobiliarias, instrumentos notariales y documentos inscribibles;
• los escritos judiciales, formularios administrativos y comunicaciones reguladas; y
• la normativa sectorial sobre servicios financieros, sanidad, empleo, consumo y operaciones transfronterizas.

Aplicaciones sectoriales y casos de uso habituales

La firma electrónica puede emplearse en contratos mercantiles, ventas y compras, documentación laboral, autorizaciones internas y alta de clientes, cuando se respeten las normas aplicables al documento y al sector.

Antes de poner en marcha un proceso regulado o transfronterizo, deben documentarse la ley aplicable, el nivel de garantía exigido, el método de autenticación del firmante, el expediente de evidencias, el plazo de conservación y las condiciones de la parte receptora.